Juez federal declara inconstitucional la reforma al Poder Judicial de 2024
Un juzgado de distrito emitió un fallo que cuestiona la legalidad del proceso legislativo y la elección popular de juzgadores en México.
Un juez de Distrito emitió este martes una sentencia que declara la inconstitucionalidad de la reforma judicial aprobada en 2024, argumentando vicios en el proceso legislativo que derivó en su promulgación. El resolutivo señala que la modificación constitucional, al instaurar la elección popular de jueces y magistrados, contraviene principios fundamentales de autonomía judicial y división de poderes establecidos en la Carta Magna. Según el juzgador, el mecanismo de designación por voto directo excede los límites previstos para la organización interna del sistema de justicia en el país.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) celebró la determinación judicial, calificándola como un fallo histórico para el Estado de derecho en México. A través de un posicionamiento institucional, los representantes de la organización argumentaron que esta resolución reafirma la necesidad de proteger la independencia técnica de quienes imparten justicia frente a influencias políticas externas. Los integrantes de la asociación reiteraron su compromiso con la carrera judicial como el método idóneo para garantizar la especialización y la imparcialidad en las sentencias.
El alcance legal de esta sentencia ha generado un intenso debate jurídico sobre la jerarquía normativa entre las reformas constitucionales y el control de convencionalidad ejercido por los jueces de amparo. Especialistas en derecho constitucional advierten que el litigio continuará en las instancias superiores, siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación el órgano definitivo que deberá dirimir este conflicto competencial. Por el momento, el Poder Judicial mantiene sus funciones habituales mientras se aclaran las implicaciones directas del fallo en los procesos electorales judiciales proyectados.
La resolución también pone sobre la mesa interrogantes respecto a la estabilidad de los procedimientos legislativos realizados en el Congreso de la Unión durante el periodo de vigencia de la reforma. Mientras tanto, diversos sectores de la academia y la sociedad civil han expresado opiniones divididas sobre el impacto que este tipo de sentencias tiene en la relación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se espera que en los próximos días las autoridades competentes presenten los recursos de revisión correspondientes para que el caso sea atraído por las instancias de mayor jerarquía.
